Las comunidades de Madrid, Canarias, Aragón, Cataluña, País Vasco, Galicia, Asturias, Andalucía, Valencia, La Rioja, Navarra y Cantabria firmaron ayer en Santander un documento que recoge sus propuestas para modernizar y mejorar la Administración de Justicia, que defenderán en la Conferencia Sectorial prevista para el 25 de enero.
Las comunidades autónomas acordaron reclamar una reforma de la ley sobre asistencia jurídica gratuita, un servicio que regula el Estado, pero pagan las autonomías, y quieren que este derecho se vincule exclusivamente con la carencia de recursos económicos para evitar, como ocurre ahora, que en algunos casos se puedan beneficiar de este servicio personas con rentas "millonarias".
Además, piden la especialización comarcalizada de los juzgados de violencia sobre la mujer, para aumentar su eficacia, y apuestan por la renovación tecnológica y la teletramitación, para "desterrar paulatinamente" el papel.
En el documento, que fue enviado ayer al Ministerio, las autonomías apuestan por potenciar los mecanismos alternativos de resolución de conflictos, especialmente la mediación, donde, según los estudios, se podrían solventar un tercio de los asuntos que llegan a los órganos judiciales.
Asimismo, quieren poder aprobar la oferta de empleo público, convocar y resolver los procesos de selección y adscripción a los puestos de trabajo, nombrar a los funcionarios que superen las pruebas, impartir la formación inicial, diseñar y aprobar las relaciones de puestos de trabajo, gestionar la promoción interna y el registro de personal y ejercer la potestad disciplinaria y las funciones necesarias para garantizar una gestión "eficiente y eficaz".
