ES UNA REFORMA INJUSTA Y SUSTENTADA EN FALSEDADES.- Supone la aplicación de unos recortes injustos e injustificados en una Administración
tradicionalmente austera que desde siempre ha trabajado con precariedad de
medios personales y materiales. Frente al despilfarro mantenido proyectos
imposibles de asumir en la actualidad
De aprobarse la reforma
supondrá un ataque a la dignidad de los funcionarios de Justicia. Los recortes se sustentan en la existencia de un supuesto ahorro que no es tal, para
destinarlo a otras partidas como por ejemplo el proyecto “papel 0” de la
Audiencia Nacional.
ES UNA REFORMA ILEGAL Y DISCRIMINATORIA.- Se ha realizado a
espaldas de los trabajadores vulnerando gravemente el derecho a la negociación
colectiva mientras que sí se ha negociado con otros colectivos. La existencia de esa negociación pone de
manifiesto que hay margen para aplicar
las medidas de recorte en lo que afectan a las condiciones de trabajo de
los funcionarios. La LOPJ vigente es fruto de un acuerdo difícil que costó muchos
sacrificios a los funcionarios de Justicia, huelga incluida. Por este motivo no
estamos dispuestos a aceptar que se acometa su reforma a nuestras espaldas.
ES UNA REFORMA QUE DESCONOCE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.- La apuesta por la
modernización de la
Justicia se debe acometer por quienes conocemos la Administración de
Justicia, las peculiaridades de servir a un Poder del Estado que es único y
quienes conocemos dónde se puede mejorar. Además,
debe realizarse desde el consenso de todos los implicados en su desarrollo sin
que haya lugar a negociaciones sectoriales o a imposiciones.
EN DEFENSA DEL SERVICIO PÚBLICO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Y EN CONTRA DE LA
JUSTICIA DE DOS VELOCIDADES.- Los funcionarios de Justicia también nos
oponemos a la degradación del derecho a la tutela judicial efectiva y del
principio de igualdad de todos los españoles a la hora de acceder a los
tribunales (art. 14 y 24 de la CE). Una
vez más, se intenta atajar el problema por el lado fácil, haciendo dejación de
funciones y dejando en el camino a millones de ciudadanos, en especial los más
débiles, que verán mermada, cuando no impedida, la posibilidad para ejercitar
acciones legales para ver reconocidos sus derechos.
Así, la impunidad se abre
camino con medidas como el copago en el acceso a la Justicia que recupera las tasas
judiciales que desaparecieron el año 1984, el cambio del criterio de la condena a los gastos del procedimiento en
materia contenciosa y la privatización encubierta de la Administración de
Justicia que encarecerán el procedimiento para el ciudadano; así como, el endurecimiento de los requisitos para
acceder a la segunda instancia (apelación) o a la casación.
De esta manera se crea una justicia de primera, y una de
segunda a las que se accede en función de los recursos económicos de que se
disponga.
A la
Administración de Justicia le faltan medios personales y materiales
desde hace demasiado tiempo sin que
ningún gobierno haya hecho nada por asumir su responsabilidad a este respecto incluso
a pesar del gravísimo aumento de trabajo por la crisis existente y siguen si
hacerlo en los PGE para el año 2013. Sin Justicia no hay derechos o, lo que es
lo mismo, no hay derecho que valga sin un tribunal que lo respalde en último
término.
Por ello, los trabajadores de la Administración de Justicia se
concentrarán el martes 23 de octubre en todas las capitales de provincia y
en Madrid, la concentración se realizará frente al Ministerio de Justicia, en
C/ San Bernardo, nº 45, de 17 hs. a 18.30 hs.
