Estas reformas ponen en peligro 12.000
puestos de trabajo del personal al servicio de la Administración de
Justicia, amenazando con suprimir cerca del 26% del empleo público en dicha
Administración.
1.- POR EL
MANTENIMIENTO DEL CARÁCTER DE SERVICIO PÚBLICO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Y CONTRA EL PLAN DE PRIVATIZACIONES EN EL REGISTRO
CIVIL, ACTOS DE COMUNICACIÓN Y EJECUCIÓN
·
POR LA DIGNIDAD DEL PERSONAL
DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, DE SU TRABAJO, DE SU NATURALEZA Y FUNCIONES
·
PARA IMPEDIR QUE SE ENTREGUEN A LOS PROCURADORES LOS
ACTOS DE COMUNICACIÓN Y LOS EMBARGOS
·
PARA DETENER LA PRIVATIZACIÓN DEL REGISTRO
CIVIL
2.- POR LA PARTICIPACIÓN REAL Y EFECTIVA
DEL PERSONAL DE LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA EN EL DISEÑO E IMPLANTACIÓN
DEL NUEVO MODELO DE OFICINA JUDICIAL O DE LA
CREACIÓN DE LOS TRIBUNALES DE INSTANCIA.
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EN DEFENSA DE LOS JUZGADOS Y AGRUPACIONES DE PAZ
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PARA IMPEDIR LA REFORMA DE LA LOPJ QUE SUPRIME
DECENAS DE PARTIDOS JUDICIALES Y MUCHOS ÓRGANOS JUDICIALES
3.- PARA FRENAR LA SANGRÍA DE DERECHOS A
LA QUE NOS VIENEN
SOMETIENDO DESDE HACE VARIOS AÑOS
·
POR LA DEFENSA DE TODOS LOS
PUESTOS DE TRABAJO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
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PARA EXIGIR LA NUESTROS DERECHOS PISOTEADOS
Y ARREBATADOS EN LOS ÚLTIMOS 3 AÑOS:
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PARA EXIGIR LA DEVOLUCIÓN DE LAS
RETRIBUCIONES RECORTADAS DESDE 2010 Y LA PAGA EXTRA DE
DICIEMBRE DE 2012
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PARA EXIGIR LA RECUPERACIÓN DE LOS DÍAS
DE ASUNTOS PROPIOS Y DE VACACIONES SUPRIMIDOS EN JULIO DE 2012.
