La mayoría de los 2.207 juzgados de paz de Castilla y León,
que apenas se han quedado para inscribir nacimientos y
defunciones de sus vecinos, tienen puesta la puntilla con fecha de
caducidad: julio de 2014, cuando entre en vigor la Ley del Registro Civil de
2011, una ley que, a pesar de estar consensuada al máximo por los grupos
políticos en el Parlamento, está en pleno proceso de
reforma sin haberse siquiera estrenado. Ver noticia
